Mercados urbanos de drogas y zonas de impunidad en Colombia
El narcomenudeo ha sido identificado por las autoridades como una prioridad estratégica, bajo la hipótesis de que es uno de los principales dinamizadores de la violencia y el crimen, además de ser una respuesta a la pérdida de influencia en los mercados internacionales por parte de las organizaciones criminales. ¿Qué tan válido es este argumento?
Este documento, escrito por Isaac Beltrán y Juan Carlos Garzón, investigadores asociados de la FIP, para el Transnational Institute, se propone poner a prueba los supuestos, los hechos y las respuestas detrás del narcomenudeo, brindando un marco general sobre los mercados locales de drogas y su relación con la violencia y el crimen en las ciudades de Colombia.
Para esto, los autores analizan la dinámica criminal reciente, los procesos de adaptación a las intervenciones del Estado por parte de las organizaciones delictivas y las fuerzas que intervienen en la configuración de este mercado local. Analizan especialmente el narcomenudeo en Cali y Barranquilla, con el fin de relacionar este mercado ilegal con la presencia de organizaciones criminales y los delitos de alto impacto. Estos dos casos, aportan evidencia importante sobre las dinámicas especiales del narcomenudeo y sus implicaciones para la seguridad urbana. Finalmente, contrastan los principales hallazgos con las propuestas del Estado para dar respuesta a esta problemática, señalando algunas lecciones aprendidas y recomendaciones.
Entre las conclusiones y recomendaciones se destacan:
La demolición de las ‘zonas de impunidad’ genera un impacto inmediato en el narcomenudeo, pero resulta ser poco sostenible si no se restablece la presencia del Estado y se reintegran las comunidades a la legalidad.
Las intervenciones de la policía son acciones puntuales que solo enfrentan el delito en las zonas controladas por el crimen organizado. Además, no son sostenibles en el largo plazo en la medida en que es necesaria una alta concentración de personal en la zona de impunidad. De otra forma, las intervenciones del Estado solo desplazarán el fenómeno de manera temporal, permitiendo que el orden ilegal siga ocupando su función de ordenador social, en detrimento de la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Para construir y recuperar la cultura de la legalidad en estos lugares hay que construir las condiciones necesarias para insertar estos territorios en la ciudad, lo cual incluye generar alternativas para los eslabones más débiles de la cadena, concentrando la acción penal en las organizaciones criminales que tienen la capacidad de crear zonas de impunidad.
El impacto de la acción policial será temporal si no se acompaña de la voluntad política del Gobierno nacional y local para sustituir el orden ilegal por el desarrollo urbano incluyente.