Radar de la paz - Síntesis mensual - marzo de 2014
Durante marzo, las discusiones públicas en torno a las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, giraron alrededor de cuatro temas centrales.1) El rol del nuevo Congreso frente a los diálogos de paz. 2) El asesinato de dos miembros de la Policía por parte de las FARC en Tumaco, lo que generó duras críticas hacia la guerrilla y discusiones sobre la pertinencia de pactar un cese al fuego bilateral. 3) El presidente Juan Manuel Santos no acató las medidas cautelares dictadas por la CIDH que frenaban la destitución de Gustavo Petro, lo que revivió el debate sobre garantías para la participación política. 4) Piedad Córdoba propuso consultar a los colombianos su opinión sobre la implementación de una Constituyente como mecanismo de refrendación de eventuales acuerdos de paz. Y Santos anunció que reactivará la Comisión Nacional de Paz.
Luego de las elecciones parlamentarias del 9 de marzo, los medios y líderes de opinión concentraron su atención en analizar el efecto que tendría la conformación del nuevo Congreso en los temas más importantes del panorama nacional, entre ellos, las negociaciones de paz con las FARC. En la distribución del Senado, los partidos generalmente reconocidos como parte de la coalición del Gobierno (Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador y Cambio Radical) obtuvieron el 64% de las curules del Congreso, mientras que el Partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, se consolidó como la principal fuerza de oposición alcanzando 19 escaños (solo dos menos que el partido de La U que fue el que más obtuvo con 21). La Alianza Verde y el Polo Democrático y Opción Ciudadana alcanzaron 5 curules cada uno.
Así las cosas, varios sectores interpretaron los resultados electorales como favorables hacia la paz. El primero fue el presidente Juan Manuel Santos quien aseguró que los resultados electorales representan una “victoria de la voluntad de paz en el país”. A juicio del mandatario, el respaldo de los colombianos a los partidos de la Unidad Nacional equivale a un apoyo a la “coalición de la paz”. En este grupo también se encuentra el director del Centro de Pensamiento sobre el Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, quien aseguró que a pesar de la importante presencia del Centro Democrático, la coalición de Gobierno y la posible alineación de la Alianza Verde y el Polo con la agenda de la paz, permitirán un panorama positivo de cara a las decisiones legislativas que puedan surgir alrededor del proceso de paz.
No obstante, un importante sector emitió una lectura pesimista de la configuración del Congreso y la eventual gobernabilidad para la paz. Las primeras reacciones provinieron de las FARC y el ELN quienes no titubearon en asegurar que la nueva distribución de los partidos políticos en el Congreso demuestra la debilidad de la democracia colombiana y el empeño de las élites en mantener el status quo. El Comando Central del ELN criticó el hecho de que más del 90% del parlamento colombiano haya sido ocupado por fuerzas políticas “de derecha y extrema derecha”, al mismo tiempo que el miembro de la delegación de paz de las FARC, ‘Andrés Paris’, señaló que el mecanismo que asegurará la transformación profunda que necesita el país es la Constituyente, a través de la cual “el constituyente primario abrirá las puertas del cambio”.
En este mismo sentido, se pronunciaron los periodistas Álvaro Sierra y Marta Ruiz, quienes coincidieron en asegurar que a pesar de la mayoría formal del Gobierno en el parlamento, la presencia del Centro Democrático podría hacer “bastante más que solo ruido” de cara al proceso de paz de La Habana. Ruiz planteó, por ejemplo, que además de la oposición liderada por el ex presidente Uribe, el fortalecimiento de las facciones más “retrógradas” de la Unidad Nacional y la elección de Germán Vargas Lleras como fórmula presidencial, sugieren que un eventual acuerdo de paz tendrá que superar muchos obstáculos en su paso por el Congreso.
El segundo grupo importante de las discusiones sobre el proceso de paz estuvo marcado por el asesinato de un mayor y un patrullero de la Policía por parte de guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, en Tumaco. El hecho ocurrió en el corregimiento San Luis Robles el 15 de marzo y causó una fuerte polémica debido a que los policías muertos no estaban uniformados y en los cuerpos se hallaron señales de tortura.
Algunas de las voces que expresaron el rechazo a estos hechos provinieron de varios senadores de la Unidad Nacional. Por una parte, el senador del Partido Liberal Guillermo García Realpe sostuvo que el Gobierno debe exigirle a las FARC que respondan por los asesinatos, pues según él, estos actos demuestran una gran hipocresía por parte de esta guerrilla al asegurar que está comprometida con la paz. De igual forma, el senador Aurelio Iragorri del Partido de la U, criticó lo sucedido y sugirió que el Gobierno debería considerar la posibilidad de suspender los diálogos de paz con las FARC.
Pasados algunos días, el 22 de marzo, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC emitió un comunicado reconociendo su responsabilidad en la muerte de estos dos miembros de la Policía y señaló que fueron retenidos porque adelantaban acciones relacionadas con la política de consolidación territorial (que busca contrarrestar la acción de grupos armados ilegales en la región). Las FARC aseguraron además que, por causa de la fuerte persecución militar luego de la detención de los policías, los guerrilleros se vieron “obligados a proceder contra ellos, cuidándose de no emplear sus armas de fuego por razones de seguridad”.
Frente a ello, el Gobierno, que había estado evitando referirse directamente al episodio, reprochó de manera “tajante”, a través de una nota oficial publicada por la Presidencia de la República el 23 de marzo, la justificación emitida por la guerrilla, asegurando que las conversaciones de paz “no eximen a las FARC de enfrentar sus responsabilidades frente al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Haciendo eco de este rechazo, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón exigió a las FARC entregar a los responsables, lo que produjo la respuesta casi inmediata del comandante máximo de esa guerrilla, alias ‘Timochenko’, quien a través de una carta insistió en que las FARC lamentaban la muerte de los mencionados policías y de “cualquier colombiano”, pero que con relación a los perpetradores “en ningún caso procedería su entrega a las autoridades enemigas”. En ese sentido, el jefe guerrillero reiteró la propuesta de pactar con el gobierno un cese al fuego bilateral para, según él, detener este tipo de hechos en medio de las negociaciones de paz.
El tercer tema de gran importancia en los debates sobre las conversaciones de paz en La Habana fue la salida definitiva de Gustavo Petro de su cargo como alcalde de Bogotá. El 18 de marzo, el presidente Santos dio a conocer su decisión de no acatar las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las cuales suspendían la destitución e inhabilitación del ex alcalde. En ese sentido, el mandatario acogió el fallo de la Procuraduría General en contra de Petro y designó a Rafael Pardo, su ministro de Trabajo, como alcalde encargado.
El episodio revivió la discusión surgida meses atrás cuando se conoció la decisión de la Procuraduría en el caso Petro. Además de analizar las dificultades y retos para Bogotá, algunos sectores y nuevamente las guerrillas llamaron la atención sobre la falta de garantías para hacer política en el país. Un análisis del diario El Espectador planteó el siguiente interrogante: “¿cómo va a hacer el presidente Santos para garantizarles la participación en política a los eventuales desmovilizados de las Farc si él [Petro], que ganó unas elecciones en Bogotá, fue destituido?”
Las FARC y el ELN no ocultaron su incomodidad frente a la posición de Santos en el sentido de no acatar las medidas de las CIDH. El 20 de marzo, el jefe de la delegación de paz de las FARC, ‘Iván Márquez’, afirmó que la decisión de Santos es “absurda [y] genera un impacto negativo en la Mesa de Conversaciones: “por lo menos afecta de manera grave la confianza”. Por su parte, el Comando Central del ELN señaló que la actuación del mandatario de los colombianos “demuestra la intolerancia del poder por aceptar en las instituciones posturas críticas y al servicio de los excluidos”.
Finalmente, un cuarto asunto importante para la opinión pública fueron las propuestas relacionadas con la participación y refrendación de los acuerdos de paz. De un lado, la ex senadora Piedad Córdoba propuso implementar una papeleta por la paz en las próximas elecciones presidenciales, en la que se consulte a los colombianos si apoyan o no una Asamblea Nacional Constituyente como método de refrendación de un eventual acuerdo de paz. Y por otro, el presidente Santos anunció que convocaría nuevamente la Comisión Nacional de Paz, institución que ha sido utilizada por pasados gobiernos con el fin de promover la consecución de la paz. De acuerdo con el mandatario, la Comisión es necesaria para promover la cultura de la paz en tantos escenarios como sea posible y asegurar además la participación de la sociedad civil en los diálogos, pues según él, el proceso ya está “maduro” para ello.